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Diputados y representantes de la Cuarta Transformación en Querétaro alzaron la voz para denunciar una escalada de violencia política y psicológica en contra de diversos perfiles de oposición. El detonante principal fue la reciente amenaza de ejecución recibida por el regidor capitalino Fernando Flores Pérez, quien denunció haber recibido mensajes intimidatorios tanto en su teléfono personal como en la línea oficial del municipio, hechos que ya son investigados por la Fiscalía del Estado este 9 de mayo de 2026.
Guerra sucia y señalamientos directos
Durante el pronunciamiento, el diputado Eric Silva Hernández responsabilizó directamente al gobierno estatal y exigió al Partido Acción Nacional (PAN) detener lo que calificó como una "guerra sucia". Silva señaló que el hostigamiento no se limita a un solo funcionario, sino que se ha extendido a figuras como la diputada Claudia Díaz Gayou, el diputado federal Gilberto Herrera y la alcaldesa de Cadereyta, Astrid Ortega. Según los legisladores, estos ataques son una respuesta a su labor de fiscalización y denuncia de presuntas irregularidades en la administración actual.
Por su parte, el regidor Fernando Flores expresó su extrañamiento ante el silencio de las autoridades municipales y la Secretaría de Seguridad ante la gravedad de las amenazas. Flores Pérez denunció además la existencia de una narrativa que busca criminalizarlo mediante calumnias que lo vinculan con grupos delictivos, lo cual considera una estrategia para justificar la violencia en su contra. Aseguró que grupos de sátira política y presuntos periodistas contratados se han dedicado a difundir mentiras para minimizar su denuncia, tratándola de "victimización".
Un entorno hostil para la oposición
La diputada Claudia Díaz Gayou vinculó esta situación con los cuestionamientos que ha realizado desde la Comisión de Vigilancia sobre la cuenta pública estatal. Afirmó que ser oposición en Querétaro representa un reto constante ante un sistema que utiliza el acoso como herramienta política. En el mismo sentido, la diputada Rosalba Vázquez Munguía manifestó su respaldo a los afectados y advirtió sobre el peligro de normalizar este tipo de conductas, señalando que si los representantes populares sufren este nivel de riesgo, la vulnerabilidad para el ciudadano común es aún mayor.
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